Autor:
Luis Fernando Astorga Gatjens
Un
informe emitido por la Unidad de Discapacidad del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica, revela
lo que es una verdad cotidiana para muchas personas con
discapacidad con deseos de trabajar: "las opciones de
empleo, después de casi seis años de vigencia de la Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, siguen siendo muy escasas".
Según el
documento de esta instancia que se ocupa, desde hace un año,
de promover el acceso al empleo de las personas con
discapacidad, persiste una enorme brecha entre el desempleo
que enfrenta la población económicamente activa (PEA), en
general frente al que afecta la población con discapacidad.
En Costa Rica,
en el último lustro la tasa de desempleo, ha rondado el 6 %;
6.1 %: durante el 2001, de acuerdo al dato proporcionado por
el Director Nacional de Empleo, Mario Villalobos. En
contraste, la población con discapacidad, inactiva o
desempleada, supera el 60 %, de acuerdo a la encuesta de
hogares y propósitos múltiples, publicada en julio de 1998
(Ministerio de Economía, Industria y Comercio -MEIC,
Dirección Nacional de Estadística y Censos).
Este estudio
estadístico ha sido la aproximación más cercana y específica
en función de conocer la situación de las personas con
discapacidad en el país. A partir de este trabajo se
estableció que el 9,32 % de la población costarricense,
tiene alguna discapacidad; lo que representaba para el
período en el cual se realizó la encuesta, 311.554 personas.
Un dato
revelador del cual también informa la mencionada Unidad, es
que de cada 100 personas con discapacidad, que acuden a la
oficina que realiza la labor de intermediación de empleo,
sólo 10 logran colocarse.
Surgen,
entonces interrogantes acerca de cuáles son las causas que
hacen que persista el desempleo entre la población con
discapacidad, después de que se emite una ley como la que
promueve la igualdad de oportunidades (Ley 7600) y que
indica en su artículo 23, lo siguiente:
"El Estado
garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas
rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus
condiciones y necesidades personales".
Globalización sombría
El avance inexorable de la globalización económica, hasta el
presente, no ha constituido una buena noticia para las
personas con discapacidad sin empleo y con deseos de
trabajar. La omnipresencia de mayores exigencias
competitivas, profundiza las desventajas para un sector, que
históricamente ha estado excluido del desarrollo económico y
social.
En el caso
costarricense, el afianzamiento de políticas de carácter
neoliberal, ha frenado el desarrollo de programas sociales,
que serían necesarias para generar mayores oportunidades
productivas y de empleo para las personas con discapacidad.
Mientras tanto,
el relativo estancamiento de la economía costarricense de
los últimos años, ha hecho que la apertura de nuevos puestos
de trabajo, no haya ascendido significativamente. Así las
cosas, tanto por la vía del incremento de requisitos como
por el estancamiento de la demanda laboral, es muy difícil
que una persona con discapacidad compita por un puesto y lo
gane, si existen personas sin discapacidad aspirando a ese
puesto.
Los hechos
demuestran que para ganar una competencia de esta
naturaleza, la persona con discapacidad tiene que estar muy
calificada. Esta situación aunque se da, es muy rara y
representa una muy pequeña minoría dentro de este grupo
poblacional.
Entorno discriminante
Aunque para que subsistan alto niveles de desempleo entre la
población con discapacidad, confluyen varias causas, la
principal es la subestimación que prevalece en el entorno
socio-cultural costarricense.
El sector empleador, tanto público como privado, es reacio a
la contratación de personas con discapacidad. En el caso del
sector privado, es oportuno indicar que aunque existen
algunas normas en la ley que regula el impuesto sobre la
renta, que benefician -- mediante exoneraciones -- a las
empresas contratantes de personas con discapacidad, éstas no
están utilizando esta normativa.
Los prejuicios
subestimados, si bien afectan todas las esferas de la
actividad social, en el campo de las relaciones económicas y
de producción, se hacen más notorios y dramáticos. ¿Qué
empresario, qué jefe o jefa de recursos humanos que tenga
una actitud subestimada frente a la discapacidad, va a
contratar a una persona con discapacidad? La idea es que se
contrate al o la oferente con discapacidad, no por la
lástima que puede producir su condición, sino por su
formación, experiencia, destrezas o habilidades. Lo que se
busca es que se dé una oportunidad laboral para producir y
desarrollarse.
Formación débil
Otro factor que incide en la baja demanda de trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, es la calidad de su oferta
laboral.
Como una
consecuencia lógica de una historia de discriminación y de
falta o limitado acceso a la educación y a diferentes
niveles de formación técnica, los perfiles laborales que
dominan, son de bajo nivel formativo. Obviamente, esto hace
más difícil para un amplio sector de personas con
discapacidad, acceder a un puesto de trabajo.
Los avances en
esta materia todavía son incipientes. Aunque la Ley 7600
garantiza el derecho a la educación para las personas con
discapacidad, el impacto en reales oportunidades formativas
para adultos jóvenes con discapacidad -- un segmento muy
afectado por el desempleo -- siguen siendo limitadas.
"En ocasiones,
he atendido a personas con discapacidad que acuden al
Ministerio de Trabajo para que se les ayude a buscar un
empleo, que por su tipo de discapacidad, no pueden
desarrollar actividades pesadas pero que su escolaridad y
formación técnica, no los califica para otro tipo de empleo.
Tal combinación de factores hacen muy difícil su
colocación", indicó Florizul Aguilar de la Unidad de
Discapacidad de la mencionada institución.
Otras inaccesibilidades
El otro serio problema relacionado con la falta de
oportunidades de empleo, es la inaccesibilidad prevaleciente
en el espacio físico y arquitectónico del país así como en
el transporte colectivo.
A las enormes
dificultades para conseguir un empleo se suma si la persona,
en arreglo a su discapacidad, puede hacer uso del transporte
público y si la edificación donde va a trabajar, tiene las
condiciones mínimas para su acceso y desplazamiento interno.
Todo este
conjunto de factores conspiran para complicar enormemente o
impedir que muchas personas con discapacidad, puedan
emplearse, generar sus propios ingresos, pagar sus
impuestos, mejorar su calidad de vida, afirmar su
independencia y contribuir al desarrollo del país.
"La ley 7600
contempla, implícitamente, el derecho de las personas con
discapacidad a un desarrollo cada vez más inclusivo. Es en
el acceso al empleo y a la actividad productiva, donde se ve
más claramente la exclusión y la discriminación. El único
camino para que cada vez más personas con discapacidad,
avancen en sus condiciones de vida es cumpliendo
efectivamente esta ley y garantizando el acceso a la
educación, al espacio físico, al transporte colectivo y al
empleo", afirma en su parte conclusiva el mencionado informe
de la Unidad de Discapacidad.
Luis Fernando Astorga Gatjens
lferag@racsa.co.cr
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