México
discapacitados: entre las barreras y los sueños
Según la Ley, minusválida es toda persona con limitaciones para
realizar por sí misma las actividades necesarias para su normal
desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico,
limitación que pudo provocarse por enfermedad, nacimiento o
accidente.
La existencia de normas que tienden a proteger y fomentar la
vida de los discapacitados, intenta colocar, en lo posible, en
un trato de igualdad tanto a quienes poseen una deficiencia
física o mental como a quienes disfrutan del funcionamiento
cabal de su cuerpo; sin embargo, hay que preguntarnos ¿hasta
dónde se cumplen estas leyes? ¿En realidad existe un trato igual
para las gente con este tipo de deficiencias.
Sábados y domingos,
un grupo de discapacitados sale a las calles a vender manualidades y
artesanías que elaboran durante el resto de la semana, actividad con
la cual obtienen ingresos para el sostenimiento económico de su
casa. Aun cuando tienen visibles impedimentos físicos, nada los
detiene para que por largas horas enfrenten serios peligros al andar
entre los vehículos vendiendo llaveros y collares hechos de vaqueta
y pieles, trabajos de talabartería aprendidos de otras personas de
igual condición.
Hortensia Granillo,
quien dirige voluntariamente las actividades de esta valerosa
agrupación, expresa que en su mayoría son jóvenes que se encuentran
postrados en una silla de ruedas o bien que requieren auxiliarse con
muletas para caminar y que, además de necesitar urgentemente el
apoyo de la sociedad, lo que más desean es tener la admiración y
soporte de su propia familia, ya que muchas veces son sus miembros
quienes más se avergüenzan de tener un pariente con discapacidad
física.
¿Cuántos
discapacitados existen en el país? ¿Qué es un senescente? ¿Cuáles
son las barreras arquitectónicas? ¿Los discapacitados pueden votar?
¿Cuáles son las principales necesidades de los discapacitados? En el
desarrollo del presente reportaje, se dará respuesta a éstas y otras
preguntas más que se formulan con relación a tan importante tema
social. El objetivo es que, como ciudadanos, conozcamos la situación
de este valiente sector, que cambiemos nuestra visión hacia ellos y,
sobre todo, que aprendamos las excepcionales lecciones que nos dan.
Explotación
y abuso
Los problemas de los
discapacitados son sumamente graves pues no cuentan con espacios
para su desarrollo personal, laboral y económico. Por ello muchos
tienen que refugiarse en sus casas y los que deciden salir a probar
suerte a las calles, se emplean como vendedores ambulantes. A nivel
estatal ninguna institución conoce el número exacto de los
discapacitados existentes, ya que no hay un censo actualizado para
determinar su cantidad pero, aproximadamente, a nivel nacional, se
supone que 10 de cada 100 personas sufren alguna discapacidad.
Según una nota
publicada en La Jornada en por lo menos nueve
líneas del metro trabajan alrededor de 800 sordomudos extorsionados
diariamente por bandas muy bien organizadas. La Comisión de los
Derechos e Integridad de las Personas con Discapacidad de la
Asamblea Legislativa, presidida por Jesús Toledano Landeros,
registró en 1998 un número importante de denuncias de explotación y
extorsión contra presuntos líderes de ambulantes, quienes les cobran
a los discapacitados, cuotas que van de los 20 a los 50 pesos
diarios, a cambio de dejarlos vender en el metro. Los que se niegan
son objeto de agresiones; incluso se han dado casos de violación a
mujeres sordomudas.
El doctor Eduardo
Rico Escobar, de la Coordinación de Atención Médica Familiar del
IMSS, menciona que «desafortunadamente en México la discapacidad se
asocia de manera natural con la pobreza, la marginación social, la
mala nutrición, el analfabetismo y el maltrato. El problema radica
básicamente en la falta de información en la discapacidad y sus
repercusiones, pues la familia y la sociedad creen saber lo que
necesitan los discapacitados. De un tiempo a la fecha se les han
dado facilidades como un espacio en el transporte público, aun
cuando no se respeta; así también se han hecho rampas para subir
edificios y banquetas las que, más que una ayuda, a veces son un
peligro porque algunas están muy inclinadas. Las familias que tienen
uno de sus miembros con discapacidad, le niegan la oportunidad de
desarrollarse mediante el estudio o el trabajo.»
Participación
del Estado
En la Ley General de
Educación y la correspondiente de cada estado, se establece la
obligatoriedad que tienen los maestros de aceptar a niños con
problemas de discapacidad para adecuarlos a la vida común de
cualquier ser humano. De igual manera, la Organización de las
Naciones Unidades decretó que todos los pequeños deben tener los
mismos derechos y por lo tanto, los discapacitados deben integrarse
a los centros educativos donde acuden los niños regulares.
Bajo esta
reglamentación no hay duda de que existe una gran necesidad de
planteles especiales, pero el problema no se resuelve con crearlos
de la noche a la mañana, como sucedió en una escuela primaria en
donde, por decisión de las autoridades educativas, ésta se convirtió
en un Centro de Educación Especial pero sin nombramiento
oficial.
Los docentes que
aceptaron participar sin la preparación y el perfil adecuados para
atender a tales niños, se vieron en la necesidad de adoptar sobre la
marcha métodos prácticos pero rústicos para comunicarse con ellos,
razón por la cual no avanzan como debieran en su aprendizaje. Así,
algunos "brincan" de año escolar, como el caso de una niña de 14
años que sufre de sordera y es totalmente muda y que, sin saber leer
ni escribir, subió del primer grado al cuarto de primaria. La falta
de especialización ha afectado y afecta a todos los estudiantes de
cada uno de los grados, porque los docentes deben dirigirse en forma
personalizada a los alumnos especiales y, al hacerlo, desatienden al
resto de los que integran el grupo.
«Es urgente que se
analice la situación. No nos negamos a que se convierta la escuela
en un centro especializado, siempre y cuando envíen al personal
adecuado para atenderlos como se debe», externaron las maestras del
plantel.
Ante hechos de esta
naturaleza, los padres de familia demandan que el Estado garantice a
los niños que sufren algún tipo de discapacidad: un espacio para
estudiar; que los maestros reciban capacitación suficiente para
detectar a los alumnos con necesidades especiales para canalizarlos
a las instancias adecuadas; que se instituya la escuela para padres
de alumnos de educación especial, que las leyes estatales de
educación tengan congruencia con su correspondiente ley de
protección a personas con discapacidad; que las leyes estatales de
educación garanticen la proximidad de los centros de educación
especial porque a veces los papás tienen que pagar hasta tres
camiones para transportar a sus hijos a estos lugares y, además, que
la educación especial se extienda a la secundaria pues hasta ahora
sólo se imparte en preescolar y primaria.
Toledano Landeros,
uniéndose a estas peticiones, sostiene que se requiere un mayor
compromiso de los gobiernos estatales con el programa nacional
respectivo; modificar a la Ley Federal del Trabajo para ofrecer
mayores oportunidades de empleo a los discapacitados; que se
adicione una ley hacendaria particular para facilitar la importación
de técnicas, dispositivos, medicamentos y ayudas especiales que no
existen en México, y que se ponga en práctica una política social de
Estado dirigida a este segmento.
En fin, todavía son
más las demandas que lo que se ha conseguido: hoy se cuenta con 15
mil unidades de apoyo en las escuelas regulares, lo que significa un
aumento de 400 por ciento en poco más de dos años; hoy más de 20 mil
niños y jóvenes discapacitados ya están incorporados a las escuelas
regulares de educación básica, sobre todo de carácter técnico; con
la participación de los gobiernos estatales y municipales se han
construido 310 unidades básicas de rehabilitación y se han
modernizado 28 centros de rehabilitación integral y 27 de educación
especial, «pero aún falta mucho por hacer, por lo que deben
impulsarse los avances así como que las dependencias federales
involucradas intensifiquen sus acciones y abran nuevas oportunidades
y servicios para los discapacitados", puntualizó el Presiente
Zedillo en una reunión con este sector y agregó: "Es imperativa la
necesidad de promover una cultura de respeto y dignidad para
transformar las condiciones de vida de este núcleo social, porque es
una tarea de todos y un deber del gobierno",
deber que, por ningún motivo, se pone en duda.
Derechos de las personas con discapacidad
La discapacidad no
es una enfermedad sino cualquier restricción o ausencia de la
capacidad física, intelectual o sensorial y también se le considera
una dolencia que requiere de atención médica o una enfermedad mental
que puede ser de carácter transitorio o permanente. Puede
clasificarse en tres tipos: neuromotora (parálisis cerebral,
distrofia músculo-esquelética, etc.), sensorial (problemas del
lenguaje, sordera, debilidad visual y ceguera) y mental.
Según la Ley,
minusválida es toda persona con limitaciones para realizar por sí
misma las actividades necesarias para su normal desempeño físico,
mental, social, ocupacional y económico, y que puede ser provocada
por enfermedad, nacimiento o accidente. Senescente, en cambio, es la
persona que en razón de su avanzada edad padece disminución o
limitación de sus facultades locomotoras, mentales, visuales,
fonéticas o auditivas.
Las normas que
protegen la vida de los discapacitados, intentan colocar, en lo
posible, en un trato de igualdad tanto a quienes poseen una
deficiencia física o mental como a quienes disfrutan del
funcionamiento cabal de su cuerpo.
Al sector salud le
corresponde promover la participación de la comunidad en la
prevención y control de las causas y condicionantes de la
discapacidad; ofrecer orientación en materia de rehabilitación, y
atender integralmente a los discapacitados, incluyendo la adaptación
de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
El sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encarga de realizar
acciones de prevención de invalidez y de rehabilitación de
minusválidos en centros no hospitalarios, brinda servicios de
asistencia jurídica a discapacitados sin recursos y pone a
disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la
protección de incapaces en los procedimientos judiciales, civiles y
familiares que les afecten.
El IMSS y el ISSSTE
son organismos que prestan servicios médico-asistenciales a las
personas incorporadas a su respectivo régimen de aseguramiento,
incluyendo a quienes padecen alguna discapacidad.
Las personas con
discapacidad poseen también derechos civiles que regulan la vida
ordinaria del ser humano, como a la alimentación, el vestido, la
habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Para garantizar
estos derechos, el Código Civil establece a quién corresponde
ejercer la tutela o patria potestad de los discapacitados. Ellos
pueden, una vez cumplida su mayoría de edad y como ciudadanos de la
República, ejercer su derecho al voto por sí mismos o con la
asistencia de una persona de su confianza que los acompañe a las
urnas.
Otros derechos de
los discapacitados son: no ser víctimas de marginación o
discriminación; desplazarse libremente en espacios públicos abiertos
o cerrados; disfrutar de los servicios públicos en igualdad de
circunstancias; desplazarse y tener libre acceso en el interior de
espacios laborales, comerciales y recreativos; contar con espacios
en el transporte público reservados para su uso y plenamente
identificados; gozar de un trato amable, cortés y respetuoso de
parte de la población en general, y la eliminación de las barreras
arquitectónicas.
¿Qué
son las barreras arquitectónicas?
Muchas veces la
arquitectura convierte al discapacitado en un minusválido. En estos
casos el arquitecto puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. Por
ello, debe contemplar desde los primeros diseños de la construcción
sus necesidades, porque cuando las edificaciones ya están hechas es
más costoso, o a veces imposible, modificarlas.
Para que un edificio
sea funcional debe cumplir con tres niveles de arquitectura:
- Permitir el acceso y salida por
igual a todos, normales o discapacitados, para desarrollar las
actividades.
- Ofrecer los mismos servicios a
personas normales y discapacitadas como baños, cafetería,
biblioteca, casetas telefónicas, instalaciones deportivas,
estacionamiento, etc.
- Contemplar a los discapacitados
en situaciones de emergencia, creando salidas especiales y
rampas para su uso exclusivo.
Las barreras
arquitectónicas son todo obstáculo que dificulta, entorpece o impide
a personas minusválidas o senescentes su libre desplazamiento en
lugares públicos, exteriores o interiores, o el uso de servicios
comunitarios.
Entre éstas tenemos:
las aceras, banquetas o escarpas; las intersecciones de aceras o
calles; las coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas; los
estacionamientos; las escaleras; las rampas; los teléfonos públicos;
los tensores para postes; los buzones postales; los contenedores
para depósito de basura; los semáforos, y cualquier otro objeto que
obstaculiza especialmente el libre tránsito de los discapacitados.
Cuando se trate de
barreras arquitectónicas, los obstáculos deben denunciarse en la
Dirección de Obras Públicas Municipal, y en el caso de vehículos de
servicio público de transporte colectivo de pasajeros, a la
Secretaría de Gobierno del Estado.
Estudiantes
valiosos y soñadores
Saira Soriano es una
bailarina sorda de 24 años que desde el atril, durante la reunión
efectuada con el Presidente Zedillo, dirigió un mensaje mediante
signos y señas. En éste cuenta que perdió el sentido del oído a los
ocho meses de edad y que una terapia de lenguaje de trece años le
permitió cursar la primaria y la secundaria. Hoy es maestra de baile
con un estudio fotográfico y seis diplomas. También afirma que a la
gente de su condición «no nos gusta que nos llamen sordomudos pues,
finalmente, podemos comunicarnos por medio de la escritura a través
de un teléfono de teclas para casos de urgencias», y señaló las
innumerables e irónicas situaciones de su cotidianidad especial.
En la actualidad, la
tecnología juega un papel muy importante en la vida de todas las
personas; sin embargo, en la población escolar, los estudiantes con
necesidades especiales son los que han experimentado un mayor
impacto.
En general, la
tecnología de asistencia para discapacitados se define como
cualquier aditamento o equipo que ayuda a quienes tienen necesidades
especiales, a mantener o incrementar sus habilidades funcionales, e
incluye, desde avanzadas computadoras con sintetizadores de palabras
incorporados y pantallas magnificadoras, hasta equipos no
electrónicos como los punteros de cabeza para manipular el teclado.
Sin embargo, no toda
la población tiene acceso a ésta por cuestiones económicas o
desconocimiento de que existe. De ahí que sólo un 3 por ciento del
total con alguna discapacidad llegue a un nivel de educación
superior, de acuerdo con la Comisión de Grupos Vulnerables y
Discapacitados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Hasta ahora no hay
censo exacto de la gente real con discapacidad en México. Lo más
cercano son las estimaciones del INEGI que calcula entre 10 y 12
millones, el 10 por ciento de la población total del país. A pesar
de la elevada cantidad, no existen las condiciones ni el apoyo para
su educación y desarrollo profesional.
En 1984, la
Universidad Iberoamericana registró 10 alumnos con discapacidad y 18
en lo que va de 1999; mientras que la UNAM integró, en 1976, su
equipo de básquetbol sobre silla de ruedas con 74 alumnos
minusválidos de diferentes facultades. Actualmente, de las 30
personas que lo forman, sólo cinco son estudiantes.
Son varias las
causas por las que una persona con limitaciones no llega a la
universidad. Empiezan en el hogar, en donde no recibe el suficiente
apoyo de la familia para superar la dependencia de terceros y otra
razón radica en que sólo hay 160 escuelas de educación especial,
cada una con un cupo máximo de 150 niños. Si se considera que en el
D.F. hay 270 mil niños con uno de estos problemas, entonces el 60
por ciento no tiene acceso a la educación elemental especial.
Los recursos
económicos también son un gran obstáculo pues una discapacidad
implica gastos muy altos por atención médica o aparatos, lo que
ocasiona que se vean en la alternativa de elegir entre atender su
problema o continuar sus estudios. Un 80 por ciento de la gente con
una discapacidad pertenece a familias de muy bajos recursos o de
extrema pobreza, por lo que el promedio de estudios de este sector
es de tercer grado de primaria.
Cuando una persona
con limitaciones llega a la universidad tiene que resolver muchos
problemas. Si usa muletas o silla de ruedas, la primera limitación
es la arquitectura de los edificios, como ya se mencionó ya que, en
general, no hay suficientes rampas ni elevadores ni disposiciones
administrativas para que las clases se den en la planta baja de las
escuelas. Sucede lo mismo con las personas cuya discapacidad es
visual o auditiva, pues no hay material, equipo o capacitación a
maestros para atenderlos.
Desde que ingresa un
discapacitado al nivel universitario, genera gastos en instalaciones
y servicios, la institución tiene que invertir pero muchas veces no
contempla este aspecto en su presupuesto. Casos aislados de
universidades que ofrecen facilidades son la Iberoamericana, el Tec
de Monterrey, la Anáhuac, la UAM Xochimilco y Azcapotzalco y la de
las Américas.
La Iberoamericana es
una de las que más atención ha puesto en esta tarea, ya que desde
1986 ha realizado modificaciones arquitectónicas para atender a este
sector en sus instalaciones de Santa Fe, además de que colabora con
el IMSS para establecer las normas para discapacitados como alturas,
medidas y materiales para diferentes servicios. Por su parte, el Tec
de Monterrey, campus Ciudad de México, trabaja desde hace dos años
por quitar las barreras arquitectónicas, y en la UAM se han adaptado
baños, un elevador, cajones de estacionamiento y rampas. De esta
forma la gente con alguna limitación física tienen acceso a casi
todos los espacios de la universidad, dado que los pasillos de cada
nivel están interconectados.
«Los salones de
dibujo están en el tercer piso, y eso es muy complicado para mí.
Llego a las clases por mis amigos que me ayudan a subir, pero es
molesto porque cuando no tienen ganas o llegan antes, entonces tengo
que pedirle a otras personas que me auxilien», comenta Edgar P.,
estudiante de cuarto semestre de arquitectura que a los 11 años dejó
de caminar por un balazo que recibió en sus piernas.
«Quiero ofrecer algo
a los demás. Como futuro arquitecto, en los trabajos que he
realizado hasta ahora en la universidad, siempre tengo presente a
los discapacitados en las construcciones, trato de poner los menos
escalones, niveles y desniveles posibles... Creo que hay mentalidad
abierta para convivir con los discapacitados en México, pero aún
falta educación para saber cómo auxiliarnos. Además, creo que muchas
veces somos nosotros mismos los que nos aislamos y apartamos. Pero a
mí no me gusta apartarme, prefiero salir con mis amigos e ir con
ellos a las discotecas.»
Para
reflexionar...
Toda persona tiene
derecho a una educación que le permita desarrollar sus facultades
como ser humano, es así que dentro del Sistema Educativo Nacional se
da cabida a la educación especial que se imparte de acuerdo con las
necesidades educativas y características particulares de los
discapacitados. Pero la solución no es sólo cuestión de leyes sino
de muchos aspectos más.
Entre las
autoridades encargadas de impartir justicia ha faltado voluntad para
frenar la explotación humana y la discriminación que se hace a
personas que sufren de estas limitaciones cuando no son ellos los
culpables de ser así. Se debe crear en la sociedad una cultura
atenta a estos problemas, que incluya medidas que eviten o prevengan
que más gente quede discapacitada; que además se rehabilite a
quienes ya han sufrido un accidente o enfermedad que los lesionó,
que se les ofrezca un trato equitativo, y que se fomente su
participación, integración y desarrollo en todos los ámbitos de la
vida cotidiana.
Actualmente 30
entidades del país y el D.F. han promulgado leyes para mejorar la
situación de personas discapacitadas; Sonora es la excepción. Estos
esfuerzos apenas comenzaron en 1992 y pretenden que las leyes sean
obligatorias con el fin de que haya presupuesto y programas anuales
de desarrollo en las áreas de salud, educación, deporte y empleo.
Como se observa, en
los últimos años, ha existido una apertura en diferentes ámbitos,
incluyendo el educativo; sin embargo, en palabras de Alejandro Gómez
y Gómez, discapacitado que estudió la primaria y la secundaria con
muchos problemas, «todavía hay muchas barreras por quitar. Nos
discriminan mucho.»
No puede haber
expresión más profunda.
Norma Angélica Martín
Peña
Notas
de pie de página
Gómez Franco, Juan.
El Diario.
12/09/98. Dirección electrónica:
www.diario.com.mx/ciudad.
La Jornada. México, D.F. 30
de junio de 1998.
Rodríguez Vázquez, Luis.
El
Diario. 12/09/98. Dirección electrónica:
www.diario.com.mx/ciudad.
Ramírez Aguirre, Alfonso. Diario
de Chihuahua. 01/06/97. Dirección electrónica:
www.diario.com.mx/ciudad.
ávalos, Renato. La Jornada.
México, D.F. 12 de agosto de 1998.
Reforma. Suplemento
Universitarios. 18 de abril de 1999.
