Ley de Dependencia

unos 250.000 discapacitados intelectuales pueden perder las ayudas estatales

La Federación Catalana Pro Personas con Retardo Mental-APPS estima que tan sólo un 10% son considerados como dependientes en la nueva ley que tramita el Congreso

La Federación Catalana Pro Personas con Retardo Mental-APPS ha alertado este miércoles de que entre 230.000 y 250.000 discapacitados intelectuales en toda España podrían quedar fuera de las ayudas derivadas de la ley de la dependencia, que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, el director de esta federación, Jordi Tudela, ha denunciado que el proyecto de ley tiene un baremo para distribuir los servicios sociales que está principalmente dedicado a aquellos que padecen limitaciones físicas y de movilidad y está muy orientado a la tercera edad, dejando de lado a los discapacitados psíquicos.

Así, la federación estima que tan sólo un diez por ciento de los discapacitados intelectuales son considerados como dependientes en la nueva ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con dependencia.

De esta manera, de las 280.000 personas con discapacidad intelectual en toda España, únicamente se beneficiarían de la cobertura del sistema nacional de atención a la dependencia entre 30.000 y 50.000.

Este tipo de discapacitado necesita siempre algún tipo de ayuda, en algunos casos de forma permanentemente mientras que otros más leves pueden llegar a ser autónomos, pero necesitan siempre una supervisión de forma intermitente, ya que, aunque "una persona funcione razonablemente bien, puede sufrir trastornos de conducta en su actividad diaria", ha explicado Tudela.

Tal como está ahora mismo la ley, estas personas no se beneficiarían de las ayudas, porque "no toca temas de conducta o autonomía diaria", por lo que sólo cubre a los "más graves". Tudela ha ejemplificado que la herramienta de valoración de la ley tiene en cuenta "quién puede abrir una lata pero no si sabe qué es una lata".

La federación APPS y otras entidades se han dirigido a los partidos políticos para que introduzcan enmiendas en la ley durante el trámite parlamentario en esta línea, pero todavía no han recibido respuesta.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con dependencia debería empezar a aplicarse a principios de 2007, que será el año de la igualdad de oportunidades, pero Tudela considera imposible que se cumpla el plazo porque no hay tiempo para desplegar todo el sistema de cobertura.

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