España
las
empresas que discriminen a discapacitados serán multadas
con hasta un millón de
euros
El Gobierno aprueba la el
anteproyecto de Ley de Infracciones y Sanciones en materia de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad
AGENCIAS - Madrid
El acoso y discriminación a las personas que sufran algún tipo de discapacidad
será sancionado con multas que podrán alcanzar el millón de euros, según prevé
el anteproyecto de Ley presentado hoy por el ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ante el Consejo de Ministros.
La ley tiene como objetivo establecer un régimen sancionador eficaz ante las
vulneraciones de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad aprobada hace dos años.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado la necesidad de
aprobar este texto, ya que, "si no establecemos un régimen de infracciones y
sanciones en la materia, la ley queda en papel mojado".
Las multas oscilarán entre los 301 euros y el millón de euros y serán aplicables
a las empresas, personas físicas y jurídicas que discriminen a personas con
problemas de discapacidad.
Serán consideradas como tal las vulneraciones del derecho a la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad; los acosos a personas pertenecientes a este colectivo; el
incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes
razonables; y el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente
establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el
infractor.
De la Vega ha explicado además que "es misión de la sociedad, del Estado y
también por supuesto del Gobierno asegurar que las personas con discapacidad
cuenten con garantías del respeto a sus derechos, de acceso al trabajo y a los
servicios y con garantías para que no queden como ciudadanos de segunda".
En este mismo ámbito y también a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, el Gobierno ha anunciado que reconocerá por ley la lengua de signos
española como lengua de las personas sordas en España que libremente decidan
utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, la norma
establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
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